El Centro Penitenciario Madrid VII, en Estremera, vivió este jueves una grave situación de alteración del orden en el Módulo 5 que se saldó con diez reclusos trasladados al Departamento de Aislamiento y cuantiosos daños materiales, según ha informado el sindicato CSIF.
Los disturbios se iniciaron cuando funcionarios de prisiones ordenaron a un interno abandonar el módulo después de que le fuera intervenido un objeto prohibido conforme a la normativa de régimen interior. De acuerdo con la versión sindical, el recluso reaccionó de forma “violenta y agresiva”, negándose a obedecer, profiriendo insultos y amenazas contra los trabajadores y los jefes de servicio, y oponiendo una “resistencia activa” a su traslado.
Durante la intervención, un grupo de internos comenzó una protesta en el comedor del módulo en apoyo al compañero implicado. La situación derivó rápidamente en actos vandálicos, con rotura de sillas, mesas y papeleras, además del lanzamiento de diversos objetos contra las ventanas y los cristales que dan al patio.
Posteriormente, los internos se dirigieron a la zona de la cancela del rastrillo, donde continuaron increpando e insultando a los funcionarios, llegando incluso a golpear los cristales, mientras se trataba de controlar al interno que debía ser conducido al área de aislamiento.
Finalmente, el recluso que originó el incidente fue trasladado fuera del módulo, junto con los demás participantes en los disturbios. En total, diez internos quedaron en régimen de aislamiento, y se registraron importantes desperfectos en las instalaciones.
CSIF ha señalado que tanto el director como el subdirector de Seguridad del centro se desplazaron al módulo para apoyar a los funcionarios durante la gestión de la crisis. La intervención permitió restablecer el orden y que el resto de los internos regresara a sus celdas, evitando, según el sindicato, “consecuencias más graves que podrían haber terminado en una desgracia”.
Ante este nuevo episodio, el tercero grave registrado en la prisión en menos de 72 horas, la organización sindical ha reclamado un refuerzo urgente de las plantillas, el reconocimiento legal de los funcionarios como agentes de la autoridad y la implantación de sistemas tecnológicos eficaces para impedir la entrada de objetos prohibidos. Asimismo, ha pedido la actualización de los medios coercitivos, formación especializada y un apoyo institucional “real y efectivo” frente a agresiones e incidentes en el ámbito penitenciario.