.G. Calma Fte:Facua y elDiario
El Ministerio de Consumo ha sancionado a la multinacional Airbnb por anunciar viviendas «ilegales». Desde OCU valoramos positivamente esta decisión y coincidimos en que urge poner soluciones estructurales porque las plataformas deben garantizar información veraz a los consumidores
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) notificó a primeros de año a las principales plataformas digitales la obligación de retirar anuncios de viviendas turísticas si carecían del número de registro obligatorio a fecha de 1 de julio 2025, según informó Europa Press y Telemadrid.
La proliferación de VUT en ciudades y en muchos municipios ha trastocado el mercado inmobiliario haciendo difícil o imposible el alquiler de viviendas para tiempo prolongado. El Ministerio de Vivienda salió al paso con una nueva ley para controlar este tipo de alojamientos y combatir la oferta ilegal.
De las 3.513 -VUT- viviendas de uso turístico solicitadas en la Comunidad de Madrid desde que entró en vigor la nueva ley más de 1000 han sido revocadas por no cumplir con normativa básica: Certificado de Idoneidad emitido por un arquitecto y la licencia de primera ocupación, la declaración responsable ante la Dirección General de Turismo de la C. Madrid y la inscripción en el Registro de Turismo. A todo ello hay que sumar además el cumplimiento de la normativa urbanística de cada ayuntamiento.
También se han rechazado solicitudes, localizadas en zonas rurales, por carecer de “cosillas de andar por casa” que garantizan el bienestar y la seguridad del cliente como calefacción, agua potable, ventilación y seguro de responsabilidad civil. Basta echar un vistazo a los comentarios de algunos usuarios para entender que algo no está funcionando bien.
Los datos difundidos en la Comunidad de Madrid ponen de manifiesto que muchos de sus municipios tienen VUT funcionando de modo irregular. Las localidades más afectadas son Fuentidueña de Tajo con 10 viviendas, Camarma de Esteruelas con 11, San Sebastián de los Reyes con 16, Alcalá de Henares con 45 y Madrid capital con 1257.
Andalucía, con 16.740 viviendas irregulares, es la comunidad que encabeza la lista, pero en el conjunto del Estado, son 53.876 Viviendas de Uso Turístico ilegales.
Tanto la Casa Rural –CR, vivienda ubicada en el medio rural considera como actividad empresarial con ingresos tributados como rendimientos de actividad, como la Vivienda de Uso Turístico –VUT, vivienda Vacacional, ubicada en cuidad o campo que se alquila y cuyos ingresos se tratan como rendimientos de capital inmobiliario, deben obtener Certificado de Idoneidad emitido por un arquitecto asegurando con ello que la vivienda cumple con las condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad.
En cualquiera de sus formatos estas viviendas que proporcionan ingresos tributados deben cumplir una serie de requisitos para ser legales. No todas los cumplen. La responsabilidad es del propietario que se enfrenta a sanciones importantes que comienzan por ser acusado de publicidad engañosa. Pero también tiene responsabilidad el portal que anuncia esta vivienda sin haber exigido la documentación necesaria y que obtiene grandes beneficios por ello.