Los agricultores españoles se manifiestan
Fte. E. PRess
La huelga de agricultores se manifiesta periódicamente desde finales de enero en tractoradas que recorren el centro de las principales ciudades españolas al igual que en los otros países europeos.
Las organizaciones UPA, COAG y ASAJA al igual que otras plataformas independientes llevan orquestado durante las últimas semanas las acciones que miles de personas y cientos de tractores secundan para demandar soluciones a los muchos problemas que tiene el sector agrario.
Los agricultores madrileños de la Comarca se unieron a la última protesta del sector el lunes 19 en el Puente de Arganda. Desde allí accedieron a la capital por la N-3 para concentrarse a media mañana frente al ministerio de Agricultura. Posteriormente y acompañados por miles de agricultores a pie, se dirigieron a la sede de la Oficina de la Comisión Europea situada en el Paseo de la Castellana donde se debatía la propuesta de Bruselas de relajar los requisitos para acceder a las ayudas de la PAC.
Tras las movilizaciones que se han realizado durante todo el mes de febrero a lo largo y ancho de España, las cooperativas y las asociaciones ASAJA, UPA, COAG, UCCL han anunciado un calendario de protestas para los próximos meses de marzo, abril y mayo en Córdoba, Málaga, Granada, Madrid y otros lugares del país.
Los agricultores y ganaderos españoles protestan por la crisis del sector y por las políticas agrarias de la Unión Europea, del Gobierno y de las Comunidades Autónomas. Sostienen que su situación es límite, por lo que exigen una acción urgente y coordinada por parte de las administraciones.
Los motivos de sus protestas son varios, pero podríamos agruparlos en la necesidad de precios justos por sus productos para alcanzar una mínima rentabilidad; la subida de los costes de producción; la excesiva burocracia, las rígidas condiciones de las normas agrarias y las barreras comerciales, entre otros muchos.
El ministro de Agricultura Luis Planas señaló la necesidad de cambiar la ley de precios para mejorar las condiciones del campo. Planas afirmó en el pleno del Senado del 20 de febrero que “no es 3posible la desventaja en la que juega el sector primario respecto a los distribuidores. Se trata de que cada eslabón trabaje obteniendo un beneficio, pero no a costa de los demás. Intentaremos disminuir, dijo, injusticias y retribuir a agricultores y ganaderos, por lo que, sin duda, merecen”. El ministro se comprometió a negociar con los representantes europeos para que se reforme la ley de Cadena Alimentaria y “que el producto que se importe a un país de la Unión Europea se haga en las mismas condiciones que se impone en la producción a los agricultores y ganaderos de los Veintisiete.
El sector agrícola en pie
Según las organizaciones agrarias las movilizaciones “reclaman un ambicioso plan de choque que recoja medidas a nivel de UE, del gobierno de España y de sus Comunidades Autónomas”. Buscan “soluciones inmediatas” como:
- Aligerar la burocracia europea y mejorar las condiciones en un contexto de precios elevados por la guerra de Ucrania y la sequía.
- Precios justos por sus productos para alcanzar una mínima rentabilidad.
- Simplificación y flexibilidad de la PAC evitando los excesivos costes para agricultores y ganaderos, que además dificultan “cumplir los objetivos en materia medioambiental”.
- Mejoras en las cuestiones laborales y de Seguridad Social.
- Importaciones con los mismos reglamentos en materia fitosanitaria y de bienestar animal estableciendo aranceles a la entrada de productos extracomunitarios.
- Cambios en el Pacto Verde y en otras normativas sobre pasto o rotaciones de cultivos.
- Seguros agrarios con “presupuesto reforzado” para cubrir daños de catástrofes por cambio climático, sequía y otros.
- Prohibir prácticas desleales en lo referente a la Ley de la Cadena Alimentaria obligando a que los precios cubran costes de producción y no obligar a vender a pérdidas.
- Etiquetado de productos con muestra clara de procedencia del mismo, así como información del precio que se pagó en origen junto al precio final.
- Derogación o rebaja de las exigencias de la Ley de bienestar animal.
- Sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRES) y relajar otras leyes ambientales de protección de especies.